Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del informe final de la Comisión Especial Investigadora N°57, en que se recomienda “suspender inmediatamente” el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG), iniciativa que entrega apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme, así como a sus familias, declaramos lo siguiente:

1. Como Defensoría de la Niñez hemos abordado esta temática fuera de toda consideración moral, ideológica, religiosa y política, sino que siempre desde un sustento técnico que se basa en los estándares nacionales e internacionales que reconocen y otorgan protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, nuestro rol se dirige a monitorear que el Estado genere condiciones que permitan que la niñez y la adolescencia pueda ejercer sus derechos y no se vea expuesta a situaciones de riesgo, vulneraciones, daños y discriminación en dicho ejercicio.

2. Negar la existencia de niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme es una manifiesta vulneración a sus derechos fundamentales. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado que los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ se encuentran entre los grupos de mayor vulnerabilidad, siendo víctimas, en mayor medida que sus pares, de discriminación, estigmatización y violencia. Por lo mismo, requieren una protección reforzada desde el Estado, a través de todos sus estamentos, y no de retrocesos en las políticas públicas que garantizan dichos derechos.

3. Resulta altamente preocupante que en la votación del informe final de la CEI N°57 se realizaran intervenciones que apuntaron a la invisibilización, incluso a la negación de la niñez trans o género no conforme, puesto que ello contribuye a la generación de discursos de odio y violencia. Por lo mismo, esta institución evalúa acciones al respecto, toda vez que el Congreso Nacional y cada uno de sus integrantes deben actuar como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, con obligaciones reforzadas de protección.

4. Respecto del informe de la comisión, es lamentable se haya optado por recomendar la eliminación de un programa especializado en esta materia como el PAIG y otros instrumentos, en vez de realizar una evaluación técnica, seria y rigurosa con participación de las y los usuarios para mejorar una política pública con base en los resultados. Hubo una ausencia absoluta de participación de los niños, niñas y adolescentes en esta evaluación y debate, y ello no se condice con los avances normativos, tanto nacionales como internacionales, en su reconocimiento como sujetos de derechos.

5. A raíz de lo anterior, hemos manifestado la necesidad de mejorar distintos aspectos de las políticas y programas analizados (PAIG) que, en ocasiones resultan, ineficientes. Por ello, consideramos que el foco de la discusión debe ponerse en la necesidad de identificar y contar con evidencia que permita mejorar las políticas de salud para los niños, niñas y adolescentes y su derecho a identidad, no así en su eliminación.

6. Todos estos puntos fueron alertados por la Defensoría de la Niñez a la Cámara de Diputadas y Diputados, en oficio del 6 de enero de este año. Al respecto, se adjuntó un informe técnico con observaciones y recomendaciones sobre el Informe Final de la Comisión Especial Investigadora N°57. Este fue reiterado el 18 de marzo de 2025. En él, se recomienda que el PAIG continúe su funcionamiento, realizando las mejoras que requiere, particularmente en lo relativo al acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes y a sus familias, debiéndose generar una evaluación sobre su implementación y resultados.

Además de lo ya señalado en puntos anteriores, se recomendó uniformar los criterios de intervención psicosocial que realizan los programas de acompañamiento de identidad de género, puesto que existen programas de intervención que no se encuentran acreditados como tal y que realizan este tipo de intervenciones

Además, y como señala dicho oficio, la Defensoría de la Niñez recomendó que se realice una modificación legal que obligue a todas las instancias que ejerzan este tipo de acompañamientos a niños, niñas y adolescentes, a contar con la debida acreditación y, además, al ser objeto de supervisión por la Subsecretaría de la Niñez, en coordinación con el Ministerio de Salud. En relación a la hormonoterapia, por otra parte, se recomendó la elaboración de una Guía Clínica y lineamientos especializados en niños, niñas y adolescentes, que incorpore enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia, sustentados en la evidencia científica disponible y actualizada, considerando la normativa nacional e internacional de derechos humanos de niñez y adolescencia.

Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades del Estado y a la sociedad en su conjunto a volcar el foco del debate en generar políticas públicas en base a la evidencia y al enfoque de derechos humanos. En esta tarea el rol del Congreso Nacional, del Ministerio de Salud y de la Subsecretaría de la Niñez es fundamental para tender los puentes y articular su trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y con los niños, niñas y adolescentes y sus familias.