Historia

En 1990 el Estado de Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de entonces, el Estado adquirió el compromiso de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole que sean necesarias para propender a dar efectividad a los derechos reconocidos en la mencionada Convención.

En el contexto de dicho compromiso, nuestro país ha tomado diversas medidas en la dirección de contar con una legislación, una institucionalidad y una política que garantice el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de manera integral, acorde a una perspectiva de autonomía progresiva que reconozca a los niños y niñas como sujetos de derecho y que reconfigure la relación de éstos con el Estado, la familia y la sociedad.

Al momento de presentar el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez en septiembre de 2015, y en consonancia con estándares internacionales, fue necesario avanzar en la creación de una institucionalidad autónoma que, como parte del nuevo sistema de garantías de derechos de la niñez, velara por la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y niñas por parte de los órganos del Estado y de aquellas personas jurídicas de derecho privado que se encuentren vinculadas a estas materias, impulsando de esta manera la creación de una Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuyo proyecto de ley ingresó al Congreso el 22 de marzo de 2016, convirtiéndose en ley al ser promulgada el pasado 22 de enero de 2018.  Accede a la Ley 21.067 que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez o accede a historia de la Ley.

El Senado eligió en abril de 2018, en votación unánime, a la abogada Patricia Muñoz García como la primera “Defensora de la Niñez” de la historia de Chile, quien será la encargada de encabezar nuestro organismo y de implementar la instalación durante los próximos 5 años.

Como Defensoría de la Niñez, comenzamos nuestro funcionamiento efectivo el 29 de junio de 2018, como una corporación de derecho público, autónoma de otros órganos del Estado.