Con el objetivo de recoger las opiniones de quienes viven día a día la realidad escolar, la Defensoría de la Niñez convocó a un conversatorio a adolescentes representantes de liceos emblemáticos, con el fin de dialogar sobre las indicaciones que se han ingresado al proyecto de Ley que previene todo tipo de violencia en los Establecimientos Educacionales, actualmente en segundo trámite constitucional  en la Comisión de Educación del Senado. 

Para esta conversación, se desarrolló una metodología de participación basada en los estándares elaborados por la unidad de Promoción y Difusión de Derechos. Esta metodología incluyó dinámicas de presentación y momentos de asentimiento, donde las y los dirigentes estudiantiles pudieron expresar sus acuerdos y reflexiones, fortaleciendo así su rol activo en el diálogo. 

Este proyecto de ley, impulsado por el Ministerio de Educación, busca establecer una Política Nacional de Convivencia Escolar junto con un Plan de Acción Nacional que defina lineamientos, orientaciones y acciones para fomentar la buena convivencia educativa.  Estos estándares deben recogerse en el Plan de Gestión de la Convivencia Educativa y serán de los contenidos mínimos de los reglamentos internos de los establecimientos educacionales, entre otras materias.   

En cumplimiento de su mandato legal —establecido en la Ley 21.067— la Defensoría de la Niñez tiene la responsabilidad de emitir recomendaciones al Estado en materia de leyes y políticas públicas que promuevan y protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para ello, la unidad de Promoción y Difusión de Derechos junto con el área de Seguimiento Legislativo de la unidad de Estudios, organizaron este taller participativo con estudiantes, quienes han sido parte activa en espacios de diálogo y ejercicio de su derecho a ser oídos promovidos por el área de educación de derechos de la institución. 

Durante el encuentro, se abordaron tres indicaciones clave: el Plan de Acción Nacional de Convivencia Escolar, el fortalecimiento de la figura del coordinador/a de Convivencia Educativa y la difusión de los reglamentos internos. Las y los estudiantes expresaron en algunos casos su preocupación por la escasa preparación de los encargados de convivencia en sus establecimientos, quienes muchas veces cumplen funciones administrativas como inspectores, sin formación específica en resolución de conflictos o promoción de entornos protectores. En contraste, destacaron el rol de los profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE), quienes han asumido tareas de contención emocional y han impulsado espacios de diálogo y buen trato. 

Otro punto debatido fue la indicación del Ejecutivo en el proyecto de ley sobre el “uso de recursos tecnológicos para detectar armas, artefactos incendiarios u objetos peligrosos, siempre que su aplicación esté debidamente justificada”. Las y los adolescentes manifestaron su inquietud frente a esta medida, señalando que podría contribuir a la criminalización de los y las jóvenes, más que a su seguridad en general. Indicaron que, pese a la ya presencia de puntos de vigilancia cercanos a sus liceos, por ejemplo, a través de cámaras de vigilancia, los asaltos en los alrededores persisten. Además, expresaron que la instalación de estos artefactos, como detectores de metales o cámaras afectaría la percepción de sus escuelas como espacios seguros y acogedores, donde pasan gran parte de su tiempo. 

Para Katherine Llanos, Analista Legislativa de la Defensoría de la Niñez, esta instancia representa una instancia sumamente significativa: “Pudimos escuchar lo que las y los adolescentes nos tenían que decir sobre la temática, y llevar esto a la discusión sobre el proyecto de ley en la Comisión de Educación del Senado, cumpliendo y velando por el mandato que nos da la ley respecto a hacer partícipes a niños, niñas y adolescentes de las medidas que los afectan”.