• Informe revela que el 86% de los casos corresponde a la causal de violación y advierte 20 nudos críticos que dificultan el acceso oportuno a la prestación.

Santiago, abril de 2026.– El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, expuso ayer ante la Comisión de Salud del Senado los principales hallazgos de la Nota Técnica N°6, “Interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes: análisis del procedimiento con enfoque de derechos”, elaborada por el Observatorio de Derechos de la institución.

El informe analiza la implementación de la Ley N°21.030 en niñas y adolescentes y evalúa el cumplimiento de estándares de derechos humanos en las distintas fases del procedimiento. Entre sus principales resultados, se advierte que, entre 2018 y septiembre de 2025, 560 niñas y adolescentes iniciaron un proceso de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y el 86% de los casos corresponde a la causal de violación. Asimismo, el 45% de estos casos afecta a niñas menores de 14 años, lo que evidencia la gravedad de la violencia sexual en este grupo.

Durante la exposición, el Defensor de la Niñez alertó que, pese a tratarse de una prestación garantizada por ley, persisten importantes barreras en su acceso, que afectan especialmente a niñas y adolescentes en contextos de mayor vulnerabilidad.

Uno de los principales nudos críticos identificados es la objeción de conciencia en el sistema público de salud. A octubre de 2025, se registraban 2.430 profesionales objetores, de los cuales el 43% corresponde a médicos obstetras, lo que puede generar retrasos, derivaciones tardías y desigualdades territoriales en el acceso a la prestación.

Junto con ello, la Defensoría identificó al menos 20 “nudos críticos” en la implementación de la ley, que abarcan desde el acceso al procedimiento hasta los mecanismos de exigibilidad frente a incumplimientos. Entre ellos, destacan el escaso conocimiento de la normativa, la falta de difusión de esta garantía, dificultades en la detección temprana de los casos, demoras en la constitución de las causales y obstáculos para que niñas, adolescentes y sus cuidadores puedan reclamar ante vulneraciones de sus derechos.

En esta línea, el equipo del Observatorio de Derechos advirtió que los plazos y procesos actuales no se ajustan adecuadamente a las condiciones biopsicosociales de niñas y adolescentes, lo que dificulta la detección oportuna de los embarazos y puede generar retrasos que impidan acceder a la prestación dentro de los plazos legales.

Asimismo, se relevó que existe una brecha significativa en la difusión de información sobre la ley, asociada a interpretaciones restrictivas que han llevado, en la práctica, a limitar la entrega de información a las usuarias, afectando el acceso efectivo a este derecho.

“La existencia de una garantía legal no es suficiente si el sistema no logra asegurar su acceso oportuno, especialmente en casos de alta complejidad como los que afectan a niñas y adolescentes”, enfatizó el Defensor de la Niñez.

La presentación ante la Comisión de Salud del Senado tuvo como objetivo visibilizar estas brechas y reforzar la necesidad de fortalecer la implementación de la ley, asegurar el acceso efectivo a la prestación y garantizar el acompañamiento integral y la protección de los derechos de niñas y adolescentes.