Frente a la situación que afecta la continuidad y el funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial de Verdad y Niñez, la Defensoría de la Niñez declara que:

1. La Comisión constituye un mecanismo fundamental por el cual el Estado de Chile se ha comprometido en esclarecer las graves vulneraciones de derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado entre 1979 y 2024. Se trata de un proceso excepcional, autónomo y de carácter reparatorio, que requiere condiciones institucionales, técnicas, presupuestarias y éticas acordes a la magnitud de su mandato.

2. La Defensoría de la Niñez, junto a UNICEF, participó de las instancias preparatorias de esta Comisión, con un rol técnico de observadores de derechos humanos. En aquella oportunidad la Defensoría fue crítica en señalar que se requería fortalecer su autonomía, la participación de las víctimas e incorporar otras situaciones de vulneraciones ocurridas en otros contextos. Asimismo, se enfatizó la necesidad de contar con un presupuesto suficiente, que permita cumplir su mandato acorde a las exigencias de derecho internacional.

3. Pese a que el compromiso asumido por el Estado se limitó a esclarecer las situaciones ocurridas respecto de la niñez bajo protección del Estado y no en otros contextos institucionales, la Defensoría de la Niñez valoró su instalación y ha acompañado su funcionamiento, basándose en dos circunstancias fundamentales:

1. 1. Su instalación con una alta relevancia política, al quedar radicada en la Presidencia de la República y;
   2. Su carácter autónomo.

4. Considerando que la Comisión se encuentra operativa, el Estado debe garantizar su funcionamiento y evitar que decisiones administrativas, presupuestarias, o de gestión debiliten su mandato. Chile tiene una alta expectativa de eficacia, eficiencia y efectividad respecto de esta instancia.

5. Durante su periodo de funcionamiento se han constatado dificultades para acceder a los registros de niños, niñas y adolescentes en cuidado estatal, levantar testimonios y un bajo nivel de conocimiento de la Comisión por parte de la comunidad, lo que ha afectado la efectividad en su mandato.

6. Teniendo en estas dificultades, la obligación del Estado es generar condiciones que permitan escuchar con todas las garantías los relatos de víctimas y proponer medidas integrales de reparación y no-repetición: y eso requiere más esfuerzos por parte del Estado.

7. Por lo señalado, la Defensoría de la Niñez reitera la necesidad urgente de asegurar condiciones mínimas indispensables, tales como:

• Entender que el funcionamiento de la Comisión Asesora Presidencial de Verdad y Niñez, es un compromiso de Estado y no de un gobierno en particular.

• Asegurar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.

• Generar condiciones presupuestarias que aseguren su continuidad y el cumplimiento de su mandato de manera eficiente.

• Garantizar la participación relevante de niños, niñas y adolescentes y las organizaciones de sobrevivientes.

8. La situación actual puede generar incertidumbre y un daño grave a la confianza de las víctimas, muchas de las cuales han esperado décadas para ser escuchadas. Esa confianza es un elemento esencial para cualquier proceso de verdad y reparación, y debe ser protegida con el máximo estándar institucional.

9. La Defensoría de la Niñez hace un llamado urgente a las autoridades a definir un plan de contingencia que permita dar estabilidad al proceso, en diálogo con las víctimas, sus organizaciones y los organismos competentes. En este sentido, la Defensoría se pone a disposición de las autoridades para avanzar en la adopción de medidas que permitan que este compromiso del Estado se cumpla.