En el inicio de la votación en particular del proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente, la Defensoría de la Niñez hizo una serie de alcances que van desde la efectividad de fortalecer el régimen cerrado para menores infractores de ley hasta sus costos económicos.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, incluso señaló que el gobierno se equivoca al indicar que el proyecto no tendría gastos fiscales. A su juicio, un cálculo preliminar de costos por aumento de sanciones base o medidas cautelares en régimen cerrado puede llegar a más de 5 mil millones de pesos.

Igualmente, defensor de la Niñez apuntó que el 80% de los adolescentes que ingresan al sistema no son reincidentes y que el foco está puesto en un grupo “muy específico” de un 20% de infractores de ley, en que algunos de los casos son delitos graves.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, recordó que esta discusión se sitúa en un contexto en que los delitos graves cometidos por jóvenes han ido aumentando. Reconoció que las condiciones de los penales deben mejorar, pero que en materia punitiva debe existir un cambio.