Durante marzo, la Unidad de Gestión de la Defensoría de la Niñez inició las actividades vinculadas a la elaboración del presupuesto institucional para el periodo 2023. En esta ocasión, el proceso de formulación se realizará a través de una metodología participativa, con el fin de representar adecuadamente y de manera realista a la totalidad de las necesidades de recursos que la institución demanda.

De esa forma, se han definido tres líneas de trabajo para este levantamiento de necesidades institucionales:

1. Gasto marco (o base) institucional: son los recursos definidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y distribuidos por la Unidad de Gestión en base a gastos operacionales y estratégicos de continuidad.
2. Requerimientos históricos: son los recursos que ya han sido solicitados en anteriores procesos de formulación y que no han sido otorgados en las respectivas leyes de Presupuestos.
3. Gastos nuevos (o adicionales): son los recursos definidos por las unidades institucionales en base a nuevas necesidades de gestión, consecuentes a los objetivos, metas y actividades del plan estratégico institucional y de la priorización de las autoridades internas.

Asimismo, y dada la relevancia del escenario en que se desarrollará el ciclo presupuestario a nivel nacional, y con el objeto de desarrollar una estrategia que permita abordar tanto los riesgos institucionales como aquellos del conjunto de instituciones destinadas a niñez y adolescencia, un equipo transversal de la institución iniciará, paralelamente al proceso exploratorio institucional, un conjunto de actividades y coordinaciones para dar cumplimiento a los siguientes objetivos, que forman parte del rol de la Defensoría de la Niñez:

1. Verificar que las instituciones que por ley deben entregar bienes y servicios que permiten proteger y ejercer derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) tengan los recursos necesarios para mantener la calidad de su atención o ampliar su cobertura por la contingencia por estallido social y emergencia sanitaria.
2. Monitorear que los programas sociales que tienen como población objetivo o destinatarios NNA no queden desfinanciados o se vean perjudicados en su funcionamiento.