• El informe busca visibilizar la urgencia de políticas públicas eficaces, articuladas y sostenidas que protejan a la niñez frente a dinámicas de violencia y criminalidad, y advierte que la presencia del crimen organizado se ve favorecida en comunidades con profundas desigualdades y ausencia del Estado, lo que expone especialmente a grupos históricamente discriminados

Santiago, 30 de septiembre de 2025 — Esta mañana, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, presentó al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, el informe “Crimen organizado y derechos de la niñez: estándares y diagnóstico preliminar”, documento que analiza la relación del crimen organizado con los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile, con base en estadísticas recientes, marcos normativos vigentes y estrategias estatales de prevención y respuesta.

Desde un enfoque de derechos humanos, el informe busca visibilizar la urgencia de políticas públicas eficaces, articuladas y sostenidas que protejan a la niñez frente a dinámicas de violencia y criminalidad. “La violencia ejercida por el crimen organizado contra niños, niñas y adolescentes está determinada por múltiples factores de riesgo que aumentan su vulnerabilidad como víctimas o su involucramiento en actividades delictivas”, señaló el Defensor de la Niñez, destacando también la existencia de factores protectores que pueden mitigar estos riesgos.

Entre los principales factores de riesgo identificados se encuentran la pobreza, la exclusión social, la corrupción, la debilidad institucional y la impunidad. El informe advierte que la presencia del crimen organizado se ve favorecida en comunidades con profundas desigualdades y ausencia del Estado, lo que expone especialmente a grupos históricamente discriminados. Todo ello debilita gravemente los mecanismos de protección de derechos e impactan en la capacidad estatal de prevenir, sancionar y reparar la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes.

El análisis estadístico, basado en los datos de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público para el periodo 2015 y 2023, revelan un aumento sostenido de delitos sufridos por niños, niñas y adolescentes vinculados al crimen organizado, pasando de 106 casos en 2015 a 405 en 2022, con una baja a 188 casos en 2023. Arica y Parinacota presentan la tasa más crítica, con cifras 2.572% superiores al promedio nacional. Los principales delitos identificados son tráfico y trata de personas (50%), robos y receptación (18%) y secuestros (10%).

Asimismo, se observa una preocupante evolución en la participación de adolescentes como imputados en delitos asociados al crimen organizado, especialmente en regiones extremas como Tarapacá, Aysén y Arica y Parinacota. El 87% de los adolescentes imputados son hombres, y la participación aumenta con la edad, concentrándose en los 17 años. El Ministerio Público advierte que los adolescentes son utilizados principalmente en mercados de iniciación como el robo de vehículos, con un uso creciente de violencia en modalidades como encerronas y portonazos.

El informe concluye que es urgente fortalecer la coordinación interinstitucional, ampliar la cobertura de programas de prevención y protección, y generar condiciones suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos de la niñez. Se destaca el rol clave del Ministerio de Educación en garantizar la inclusión escolar, especialmente para niños, niñas y adolescentes en situación migratoria irregular.

La Defensoría propone recomendaciones en tres ámbitos, entre las que destacan:

• Preventivo: revisar políticas como la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y programas como Chile Crece Contigo.
• Social: fortalecer la reinserción de NNA involucrados en redes delictivas mediante alternativas educativas, laborales y apoyo psicosocial.
• Legislativo: monitorear proyectos de ley con enfoque punitivo sin evidencia, impulsar la subvención de aulas de reingreso (Boletín 14309-04) y sancionar la captación de NNA por parte de bandas criminales.

Finalmente, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille advirtió además que “es urgente contar con una base unificada de datos robusta sobre crimen organizado en Chile, tal como ocurre con las estadísticas de homicidio, en cuyo caso se dispone de información consolidada proveniente del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ello es fundamental para enfrentar este fenómeno de manera coordinada, eficaz y basada en evidencia. Actualmente, la información no es la misma entre distintas instituciones, por usar metodologías distintas, lo que dificulta el análisis integral de ésta. Una plataforma integrada donde pudieran ingresar los distintos actores, permitiría mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la protección de derechos —especialmente de niños, niñas y adolescentes— y diseñar estrategias preventivas, interventivas y reparatorias más eficientes, transparentes y ajustadas a la realidad territorial”.

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