Santiago, 6 de enero de 2026.- Frente a la gravedad de la información emitida hoy por la Contraloría General de la República en el Consolidado de Información Circularizada Nº19 —que da cuenta de 164 casos de personas inhabilitadas para desempeñar funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes, contratadas por 72 instituciones públicas entre 2020 y agosto de 2025— la Defensoría de la Niñez informa que:

Se encuentra oficiando a cada una de las instituciones señaladas en el informe, con el fin de conocer las acciones correctivas que se están adoptando, el detalle del número de personas contratadas en esta condición y las fechas de sus inhabilitaciones. Asimismo, todos los antecedentes sobre las medidas preventivas que se implementarán para asegurar que estas situaciones no vuelvan a repetirse.

Adicionalmente, la Defensoría está solicitando una reunión con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, con el propósito de abordar esta situación de manera conjunta y colaborativa.

Velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes es una obligación transversal de todas las instituciones públicas, consagrada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional. Por ello, resulta imperioso el cumplimiento estricto de la normativa vigente y la implementación urgente de mecanismos de control preventivo y obligatorio, que aseguren la consulta sistemática al Registro General de Condenas y al Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de cualquier contratación.

El incumplimiento de esta obligación compromete gravemente la protección efectiva de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y vulnera directamente el mandato legal establecido en el artículo 6 bis del Decreto Ley N.º 645 de 1925, que obliga a verificar las inhabilitaciones antes de contratar personal en funciones relacionadas con niños, niñas y adolescentes.

Estas faltas a la ley exponen a niños, niñas y adolescentes a riesgos inadmisibles y reflejan graves falencias en los sistemas de control y responsabilidad administrativa de las instituciones involucradas. La Defensoría de la Niñez exige que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar que nunca más se repitan hechos de esta naturaleza.