La Defensoría de la Niñez manifiesta su rechazo a la decisión del Congreso Nacional de excluir el financiamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) en la aprobación de la Ley de Presupuestos 2026. Esta determinación constituye una regresión grave en la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes, contraviniendo la legislación vigente, la evidencia técnica disponible y los estándares internacionales de derechos humanos.

La eliminación del PAIG vulnera directamente el principio de progresividad y la prohibición de regresión consagrados en la Ley N°21.430, así como el mandato específico establecido en la Ley N°21.120 de Identidad de Género, que obliga al Estado a garantizar programas de acompañamiento biopsicosocial profesional para niños, niñas y adolescentes trans o de género no conforme. La existencia de este programa no es opcional ni discrecional, sino una obligación legal.

El Congreso cuenta con antecedentes sobre el tema, gracias al informe final de la Mesa Técnica de Expertos y Expertas que mandató el mismo Poder Legislativo para la discusión presupuestaria 2026, y en cuyo trabajo participamos como institución observadora. En dicho informe, que verificó que el PAIG es necesario e indispensable, se recomendó no sólo la mantención de los componentes actuales del programa, sino también su fortalecimiento, estandarización y el aseguramiento de recursos financieros estables. La exclusión presupuestaria desconoce de forma explícita dicho informe.

La eliminación del financiamiento del PAIG no corrige eventuales debilidades del programa, sino que suprime el acceso al acompañamiento especializado para niños, niñas y adolescentes que enfrentan altos niveles de discriminación, violencia y riesgos para su salud mental, tal como lo ha señalado reiteradamente el Comité de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión genera incertidumbre, desprotección y un riesgo cierto de vulneración de derechos.

La Defensoría de la Niñez llama al Congreso Nacional y al Ejecutivo a buscar las vías necesarias para revertir esta decisión, que como para toda política pública, debería estar basada en evidencia, legislación vigente y derechos humanos, no en opiniones polarizadas. El Estado, a través de todas sus instituciones, debe asumir su rol como garante reforzado de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Persistir en esta exclusión no solo vulnera derechos, sino que responsabiliza al Estado por un retroceso evitable y jurídicamente incompatible con sus obligaciones nacionales e internacionales.