Ante la discusión del proyecto de ley en la Comisión de Constitución de la cámara que modifica la ley N°20.084, sobre responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (Boletín 15589-07), la Defensoría de la Niñez manifiesta su profunda preocupación por las consecuencias negativas que esta iniciativa podría tener en los procesos de reinserción social de adolescentes infractores, así como también, por su limitada efectividad en la reducción del comportamiento delictivo y en la protección de las víctimas.

Los análisis técnicos realizados por la Defensoría de la Niñez, basados en estándares internacionales de derechos humanos y experiencia comparada, concluyen que el proyecto de ley no es efectivo para solucionar el problema de fondo en materia de seguridad pública, toda vez que lo más relevante es avanzar en políticas públicas basadas en evidencia, que sean consistentes con los derechos humanos y que promuevan soluciones estructurales.

Uno de los aspectos críticos dice relación con que la iniciativa legal no considera el vínculo entre el aumento de delitos cometidos por adolescentes y el crimen organizado. Según datos del Ministerio Público, muchos adolescentes son captados por bandas criminales integradas por adultos. Esta dinámica no se resuelve con el aumento de penas, ya que dichas organizaciones pueden reemplazar rápidamente a los jóvenes reclutados, e incluso intensificar la captación de niños y niñas de más baja edad.

Asimismo, para garantizar justicia efectiva a las víctimas, es indispensable abordar los nudos críticos de la investigación penal. En el caso de adolescentes, la Defensoría de la Niñez ha observado una disminución en las sentencias condenatorias y una alta proporción de causas archivadas provisionalmente. Para evitar la impunidad, se requiere fortalecer los procesos investigativos que permitan identificar a los infractores y asegurar el cumplimiento de las sanciones.

Respecto a la reinserción social —eje central del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil —el proyecto no omite las acciones encaminadas a su implementación, sino que contradice su objetivo. Por ejemplo, el aumento de penas para delitos graves de 8 a 10 años no modifica el escenario actual y, en cambio, puede consolidar trayectorias delictivas.

Enfrentar esta problemática exige reconocer las trayectorias de vida de los adolescentes. El estudio del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica y UNICEF (2023) evidencia que quienes han cometido delitos provienen mayoritariamente de contextos de inestabilidad familiar (70% sufrió separación o ausencia parental), violencia intrafamiliar (48%), interrupciones educativas, delincuencia intergeneracional (45% convivió con personas privadas de libertad), precariedad material y consumo problemático en el entorno familiar. Estas condiciones impactan directamente en su desarrollo emocional, vinculación social y percepción de la violencia.

La revisión de evidencia internacional no respalda el aumento de penas como medida efectiva para reducir la comisión de delitos. En cambio, sí se ha demostrado que estrategias como la disuasión focalizada —patrullaje estratégico, seguimiento personalizado y encuentros con responsables del cumplimiento de sanciones— son más eficaces. En materia de reinserción y prevención de la reincidencia, la evidencia apunta a fortalecer la vinculación escolar y laboral, así como mejorar habilidades básicas como la lectoescritura, especialmente en adolescentes con trayectorias educativas fragmentadas.

Para la Defensoría de la Niñez no es posible avanzar en soluciones sin fortalecer la política social dirigida a la preadolescencia y adolescencia. En esa línea, resulta prioritario ampliar la cobertura del programa Chile Crece Contigo más allá de los 9 años, tal como lo establece el artículo 85 de la Ley de Garantías.

Finalmente, para abordar las causas profundas del involucramiento de niños, niñas y adolescentes en conductas delictivas, el Estado debe robustecer los programas de prevención que consideren sus experiencias recurrentes: precariedad material, inestabilidad residencial, violencia doméstica, bajo nivel educativo, delincuencia intergeneracional y consumo problemático en el entorno familiar, muchas veces vinculadas a maltrato, negligencia o pobreza. Iniciativas como el fortalecimiento del programa Lazos en todas las comunas del país, o la creación de escuelas de reingreso con acompañamiento psicosocial, han demostrado ser efectivas y deben ser parte de la respuesta estatal.

Por todo lo anterior, la Defensoría de la Niñez hace un llamado a las y los parlamentarios a abordar el fenómeno delictivo adolescente con una mirada integral, que considere sus causas estructurales y no se limite solo a respuestas punitivas. Es urgente perseguir y sancionar al crimen organizado que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes, y evaluar junto al Ministerio Público las mejores estrategias para fortalecer la investigación penal, así como los efectos de la internación provisoria versus las medidas en medio libre con programas de intervención.