Como Defensoría de la Niñez expresamos nuestro profundo pesar y categórico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos ayer en un establecimiento educacional de Calama, donde una docente falleció y tres estudiantes resultaron heridos. Extendemos nuestras condolencias a su familia y a toda la comunidad educativa afectada.

Estos hechos constituyen una grave vulneración del derecho a la educación en un entorno seguro y evidencian la urgencia de fortalecer las condiciones de protección y bienestar en las comunidades educativas.

Informamos que esta mañana nuestro equipo regional se trasladó hasta la Delegación Presidencial Provincial de Calama, con el objetivo de participar en una reunión con las autoridades y miembros de la comunidad educativa, monitorear y dar seguimiento al estado de salud de los estudiantes afectados, velar por su adecuada atención y asegurar que se adopten todas las medidas de protección necesarias para el resguardo de sus derechos. Asimismo, nos hemos puesto a disposición de la Seremi de Educación, del establecimiento educacional, del Gobierno Regional y de los distintos actores del intersector, para trabajar de manera coordinada y colaborativa en acciones que contribuyan a la prevención de la violencia escolar.

Resulta fundamental que la respuesta del Estado sea integral, tanto en el esclarecimiento de los hechos como en la provisión de apoyo psicosocial inmediato y especializado para estudiantes, equipos educativos y familias afectadas. En este contexto, es urgente dar celeridad a la publicación de la ley de convivencia escolar y buen trato, aprobada por unanimidad en el Congreso en enero pasado, la cual contempla medidas para la formación, promoción, prevención y erradicación de todo tipo de violencia y discriminación en los establecimientos educacionales. Esta normativa también fortalece el rol de la Superintendencia de Educación en materia de fiscalización y apoyo preventivo, y establece la creación de un Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación.

Mientras avanza la implementación de esta ley, resulta indispensable revisar y fortalecer los protocolos de convivencia escolar, consolidar sistemas de alerta temprana, robustecer los equipos de convivencia y mejorar la coordinación intersectorial.

Este desafío no se agota en medidas de control o seguridad física, como los detectores de metales. La violencia en contextos educativos requiere estrategias estructurales centradas en la prevención, la promoción del buen trato y el fortalecimiento del bienestar socioemocional. En esta línea, resulta relevante, por ejemplo, identificar junto a estudiantes los espacios percibidos como inseguros dentro de los establecimientos; promover canales confidenciales para la denuncia y el acompañamiento; y garantizar que estos mecanismos sean efectivos y visibles, evitando así respuestas de autotutela.

Reiteramos nuestro compromiso de dar seguimiento a este caso y de impulsar medidas que permitan prevenir y reparar hechos de esta gravedad.