En relación con el debate legislativo sobre el proyecto de ley de que regula las normas generales sobre el uso de la fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, como Defensoría de la Niñez manifestamos nuestra profunda preocupación por aspectos que, en el texto actual que se encuentra en tercer trámite constitucional en la Cámara, podrían afectar las garantías a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

Si bien valoramos la incorporación expresa de la protección y resguardo de niños, niñas y adolescentes como deber de las y los funcionarios, conforme a la cual deben ponderar el interés superior en línea con lo que estipula la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la niñez y adolescencia, consideramos que existen algunos aspectos que significarían una regresividad en los estándares consagrados por dicha ley.

En este sentido, el PDL aún contiene puntos que contravienen tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile, como la no inclusión del principio de proporcionalidad, cuestión que podría dar paso a actuaciones arbitrarias y discrecionales respecto de niños, niñas y adolescentes.

Situación similar ocurre con la eliminación del principio de rendición de cuentas, el cual es fundamental para contribuir a la transparencia de la función pública, y a la racionalidad de las actuaciones que implican el uso de la fuerza.

Esperamos que las recomendaciones técnicas que la Defensoría de la Niñez ha hecho llegar al Congreso durante toda la tramitación legislativa, y ahora a través de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, sean consideradas en esta última etapa del debate. Cabe recordar que, en su rol de garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, las y los parlamentarios deben avanzar hacia decisiones enfocadas en el interés superior de la niñez y en el resguardo de la normativa internacional y nacional en materia de derechos humanos.

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