Patricia Muñoz, Defensora de los Derechos de la Niñez, presentó el primer informe de la institución a su cargo, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley N° 21.067 que le confiere la obligación de realizar anualmente un informe al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al Presidente de la Corte Suprema, que describa la situación nacional en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y que entregue recomendaciones y propuestas a cada poder del Estado.

La Defensora de los Derechos de la Niñez afirmó que, lamentablemente, el informe se presenta en medio de la crisis social que atraviesa el país y de una serie de violaciones a los derechos humanos que han afectado a niños, niñas y adolescentes.

Se debe recordar que la Defensoría de la Niñez se creó como una magistratura de opinión que tiene la facultad para la adopción de medidas tendientes a la promoción y difusión, pero, al mismo tiempo, la adopción de medidas de protección reforzada y especializada para restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes.

Patricia Muñoz manifestó que la situación nacional que está enfrentado el país ha reforzado aún más la necesidad de contar con una institución como la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la misma que ha trabajado arduamente por resguardar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, afirmó que éstos deben ser beneficiarios de acciones concretas y prioritarias por parte del Estado como sujetos plenos de derecho, con aun mayor énfasis luego de la crisis que ha afectado a país.

En el informe que se presentó se detalla que, en el marco de su autonomía e independencia, la institución emitió opiniones técnicas orientadas a asegurar que el aparato estatal cumpla los compromisos adoptados ante la comunidad internacional adoptando altos estándares para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El informe está estructurado en función a los principios que garantiza la Convención sobre los Derechos del Niño: a) interés superior del niño, niña o adolescente; 2) el principio de igualdad y no discriminación; y, c) el principio de autonomía progresiva. Se basa, además, en las fuentes del ordenamiento jurídico internacional de derechos humanos y se describen las principales actividades realizadas por la institución en base al plan estratégico institucional 2018-2023, entre las que se cuenta la expansión de la Defensoría de la Niñez a nivel regional en La Araucanía, Arica y Parinacota y Aysén; y las actividades que se hicieron desde que comenzó su funcionamiento el 29 de junio de 2018.

La Defensora de la Niñez, informó que según la Ley N°21.067, la Defensoría de la Niñez puede interponer querellas en causas que produzcan alarma pública y exijan pronta solución por su gravedad y relevancia, siempre que se trate de delitos establecidos en la ley. Además, dentro de sus facultades de representación judicial, puede deducir los recursos consagrados en la Constitución, es decir que, existiendo afectación de niños, niñas y adolescentes, puede presentar acciones constitucionales.

Durante su primer año, la institución buscó intermediar para que puedan ser restituidos los derechos vulnerados en aquellos casos en que tales acciones dependían de otros organismos del Estado. Además, siempre dentro del marco legal, intervino directamente para defender, proteger o restituir los derechos vulnerados a través de la defensa especializada u otras acciones efectivas.

En ese sentido, a junio de 2019, la Defensoría de la Niñez presentó 10 querellas ante casos de grave vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes; dos recursos de protección, uno por el caso medioambiental de las zonas de Quintero y Puchuncaví, y el segundo a favor de la niñas y adolescentes de la comunidad estudiantil del Liceo N°1 de Niñas; cuatro amicus curiae principalmente en materia de secuestro internacional y migración, los que fueron presentados a solicitud de requirentes; y siete denuncias ante el Ministerio Público.

De las diez querellas mencionadas, seis de ellas fueron interpuestas por delitos que implicaron la muerte de niños y niñas donde el principal indagado es la madre, padre y/o cuidador responsable de la víctima, es decir, todos adultos que compondrían su círculo de cuidado y protección. De las otras cuatro, una corresponde a un parricidio frustrado y la otra a un homicidio por omisión. Las otras dos querellas están vinculadas al llamado “Caso Catrillanca” por los delitos de tortura y homicidio frustrado.

Por otra parte, en el marco del proceso de observación y seguimiento, durante 2019, la Defensoría de la Niñez puso en marcha un proyecto de visitas a centros de privación de libertad y centros residenciales de protección de niños, niñas y adolescentes, de forma que desde marzo a agosto de 2019 se realizaron cuatro visitas: tres centros de protección y uno de privación de libertad en las regiones de Valparaíso, Región Metropolitana y La Araucanía.

Patricia Muñoz también informó que se ha puesto en marcha el Consejo Consultivo de la institución, integrado mayormente por niños, niñas y adolescentes, y también se han desarrollado estudios donde se recoge su opinión, como el que detalla la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes producto de la contaminación en Quintero y Puchuncaví.

El último capítulo del Informe Anual aborda el tema de la función pública entendida como la manifestación del poder estatal en relación con las personas, y se muestra que las prácticas, la asignación de recursos, los mecanismos de seguimiento y las instancias de evaluación de las políticas públicas muestran deficiencias que impactan, de manera muy negativa en las posibilidades de que los niños, niñas y adolescentes de Chile se desarrollen integralmente.

La Defensora de la Niñez concluyó la presentación del primer Informe Anual, haciendo un llamado a que todos los poderes del Estado dispongan de instancias permanentes que recojan y atiendan la opinión de niños, niñas y adolescentes, generando mecanismos que permitan que las alternativas de solución a la crisis que atraviesa el país sean elaboradas por, para y con ellos. Este llamado es especialmente urgente ya que los niños, niñas y adolescentes son invisibilizados en el diseño e implementación de políticas públicas, a pesar de ser los primeros en sufrir los efectos de la desigualdad y el abandono del Estado.

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