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Santiago, 12 de noviembre de 2026.– Importantes necesidades en los sistemas de cuidado alternativo y representación jurídica, que dificultan garantizar una protección oportuna y especializada a niños, niñas y adolescentes, son algunas de las principales alertas del Informe Anual 2026 de la Defensoría de la Niñez, presentado este jueves por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, durante la Cuenta Pública institucional.
El documento identifica entre sus principales desafíos una crisis en la capacidad de respuesta de los servicios públicos, tanto por la disponibilidad como por la calidad de las prestaciones destinadas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Entre los antecedentes que evidencian la magnitud de las necesidades de protección, el informe señala que Chile registraba 180.765 medidas de protección vigentes al cierre de 2025, según información del Poder Judicial. A ello se suman las dificultades de acceso a atención especializada, ámbito en el que la Defensoría ya había advertido que más de 41 mil niños, niñas y adolescentes se encontraban en listas de espera para ingresar a programas de protección.
“Nuestro Informe Anual muestra que uno de los principales desafíos del país es asegurar que el sistema de protección tenga la capacidad de responder a tiempo. No basta con que existan medidas de protección o programas destinados a atender a los niños, niñas y adolescentes. Necesitamos instituciones que cuenten con los recursos, los equipos especializados y la coordinación necesaria para garantizar sus derechos y evitar que quienes ya han sufrido vulneraciones enfrenten nuevas situaciones de desprotección”, señaló el Defensor de la Niñez.
Brechas en el cuidado familiar y acceso a la justicia
Uno de los hallazgos del informe revela que 649 niños y niñas de 0 a 3 años fueron atendidos en residencias de protección durante marzo de 2026, pese a que los estándares de derechos humanos establecen que, especialmente durante la primera infancia, debe priorizarse el cuidado en un entorno familiar.
La investigación identifica, además, dificultades que enfrentan algunas familias de acogida para acceder oportunamente a prestaciones de salud, educación y beneficios sociales, así como problemas de coordinación y acompañamiento por parte de las instituciones responsables.
Frente a estas situaciones, la Defensoría recomienda al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y al Servicio Nacional de Protección Especializada revisar el modelo de financiamiento de las familias de acogida, establecer apoyos diferenciados según las necesidades de cada niño, niña o adolescente y fortalecer los mecanismos de supervisión y coordinación institucional.
Junto con ello, se identifican importantes brechas en las políticas púbicas relacionadas a la adolescencia, esto se evidencia en la disminución en los niveles de satisfacción de los adolescentes con sus vidas. El porcentaje entre los 15 y 17 años que están muy satisfechos con la vida paso de un 34% en 2015 a un 31% en 2025. Lo anterior preocupa ante la reducción del presupuesto de instituciones como el Instituto Nacional de la Juventud o el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Otro ámbito crítico es la sobrecarga de los programas de representación jurídica especializada. En el programa La Niñez y Adolescencia se Defienden, los datos proyectados para 2025 muestran un promedio de 428 casos por abogado, frente al límite técnico de 150, y 1.653 casos por trabajador social.
El informe advierte que esta situación dificulta el trabajo interdisciplinario y limita las posibilidades de mantener contacto directo y oportuno con los niños, niñas y adolescentes representados, afectando las condiciones necesarias para una defensa integral y especializada.
Ante ello, la institución recomienda al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fortalecer los equipos profesionales, incorporar psicólogos de manera permanente al programa y a la Dirección de Presupuestos revisar su financiamiento.
Estas alertas adquieren especial relevancia en medio de la discusión del Presupuesto 2027, considerando que el análisis realizado por la Defensoría identificó disminuciones en 102 de las 197 asignaciones examinadas destinadas a niños, niñas y adolescentes, entre ellas recursos vinculados al cuidado alternativo.
“Cuando hablamos de financiamiento para la niñez, hablamos de las condiciones que permiten proteger sus derechos. Se trata de que un niño o niña pueda crecer en un entorno familiar seguro, de que las familias reciban los apoyos necesarios y de que quienes enfrentan un proceso judicial cuenten con profesionales que puedan conocer su situación, escucharlos y representarlos adecuadamente. Las decisiones presupuestarias deben considerar estas necesidades concretas”, enfatizó Quesille.
Fiscalización y acciones judiciales para proteger derechos
Durante el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, la Defensoría recibió 2.958 requerimientos, de los cuales el 60% estuvo relacionado con vulneraciones de derechos, principalmente en contextos familiares, escolares e institucionales. Asimismo, presentó 37 querellas, un 36% más que en el período anterior.
La institución también fortaleció su labor de fiscalización, realizando 26 visitas a residencias de protección, centros penitenciarios y centros de justicia juvenil, un 62,5% más que en el período anterior. A estas se sumaron 25 misiones de observación, un incremento del 38,9%, desarrolladas en establecimientos educacionales, campamentos, comisarías, residencias y albergues.
Entre las actuaciones judiciales destacadas se encuentra una acción de protección presentada en favor de 21 niños, niñas y adolescentes de una residencia de administración directa en Punta Arenas, quienes enfrentaban graves situaciones de desprotección y violencia. La Corte Suprema acogió la acción y ordenó a las instituciones responsables adoptar medidas coordinadas para garantizar sus derechos.
Nuevas recomendaciones y participación de niños, niñas y adolescentes
En su octava edición, el Informe Anual incorpora cinco notas temáticas sobre participación, desarrollo adolescente, representación jurídica, acogimiento familiar y cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.
Las investigaciones formulan recomendaciones para fortalecer las políticas públicas, incluyendo medidas destinadas a mejorar la convivencia educativa, ampliar los espacios públicos y recreativos seguros, reforzar los mecanismos de participación y garantizar que las propuestas de niños, niñas y adolescentes sean consideradas en las decisiones de las autoridades.
La elaboración de las notas temáticas contó con la participación de niños, niñas y adolescentes, cuyas experiencias y opiniones contribuyeron a identificar problemas y formular propuestas.
Asimismo, el lanzamiento fue cocreado con niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Joaquín, quienes participaron en la preparación de la actividad y en el concurso fotográfico “Los derechos humanos desde mi mirada”, cuyas imágenes forman parte de la publicación.
“El desafío es cerrar la distancia entre los derechos que reconocemos en las leyes y la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes. Para eso necesitamos instituciones que escuchen, respondan y actúen oportunamente, pero también que incorporen sus experiencias y propuestas en las decisiones públicas. Ese es el llamado que hacemos a través de este Informe Anual”, concluyó el Defensor.
