SEÑOR DIRECTOR: El Estado debe fortalecer las políticas públicas y no restringir derechos; esa debiera ser la máxima que guíe el trabajo parlamentario.

La discusión sobre la modificación de la Ley de Migración y Extranjería no es un debate meramente técnico, sino una decisión que define si Chile protege o excluye a quienes son, por definición, más vulnerables.

Restringir el acceso a beneficios fiscales y a servicios esenciales para niños, niñas y adolescentes migrantes los coloca en una situación de desprotección incompatible con la Ley de Garantías, la Constitución y los compromisos internacionales del país. Además, no resuelve problemas de capacidad ni mejora la gestión pública. Lo que se requiere, es un Estado responsable que amplíe y adapte las políticas públicas en salud y educación, no que levante muros administrativos que provocan regresión en derechos sociales.

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