• El Observatorio de Derechos de la institución identificó 20 desafíos en la aplicación de la Ley 21.030 y plantea recomendaciones para fortalecer el acceso, pertinencia y calidad del procedimiento, especialmente en casos de violencia sexual.

Santiago, 4 de abril de 2026.- En el marco de su mandato legal de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Defensoría de la Niñez presentó hoy la Nota Técnica N°6: “Interrupción voluntaria del embarazo en niñas y adolescentes: análisis al procedimiento con enfoque de derechos”, a través de un webinar de divulgación abierto a la ciudadanía.

El informe, elaborado a partir de información administrativa proveniente de organismos del Estado y la participación de actores clave de la sociedad civil, academia e instituciones públicas, analiza la implementación de la Ley N°21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, con foco en niñas y adolescentes. Además, evalúa el cumplimiento de estándares de derechos humanos en las distintas fases del procedimiento, en criterios como disponibilidad, accesibilidad, pertinencia y calidad.

A más de ocho años de la entrada en vigencia de la normativa, la Defensoría advierte que, si bien esta constituye una garantía relevante para el ejercicio de derechos, su implementación presenta importantes brechas, especialmente en casos vinculados a la causal de violación. “Esperamos que con este documento y su divulgación podamos contribuir para que la implementación de esta garantía implique para niñas y adolescentes un proceso respetuoso de su dignidad, bien tratante y especializado, particularmente para aquellas que han vivido situaciones de violencia sexual”, dijo el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Salud, entre 2018 y septiembre de 2025, 560 niñas y adolescentes han iniciado un proceso de interrupción voluntaria del embarazo, siendo el 86% de los casos por causal de violación.

El análisis de esta Nota Técnica identifica 20 desafíos estructurales que afectan el acceso y la calidad del procedimiento. Una de ellas son las barreras de acceso oportuno, como plazos insuficientes en la causal de violación, dificultades de detección temprana y falta de información disponible. Además, existen factores socioculturales y de contexto, incluyendo temores, desconfianza institucional y estigmatización; prácticas institucionales problemáticas, como victimización secundaria, adultocentrismo y acciones obstructoras de algunos agentes.

Por otra parte, el informe del Observatorio de Derechos también señala como desafíos las limitaciones del sistema de salud, asociadas a objeción de conciencia, falta de especialistas, brechas en salud mental y diferencias en protocolos entre establecimientos; las dificultades en la exigibilidad del derecho, incluyendo barreras para reclamos, autorizaciones judiciales y coordinación interinstitucional; y las brechas específicas en grupos de especial protección, como niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, migrantes o bajo cuidado del Estado.

A partir de estos hallazgos, la Defensoría formula elementos orientados a fortalecer la implementación de la ley, entre ellas: mejorar la difusión y acceso a información sobre el procedimiento; fortalecer la detección temprana de casos, especialmente en la atención primaria; avanzar en lineamientos técnicos especializados para niñas y adolescentes; reforzar la capacitación de equipos de salud y actores institucionales, con enfoque de derechos y perspectiva de género; y revisar aspectos normativos y administrativos, particularmente en materia de plazos, objeción de conciencia y mecanismos de reclamo.00

Revisa aquí el webinar.

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