Entre 2018 y junio de 2025, los establecimientos educacionales del país registraron más de 7.500 procedimientos de expulsión o cancelación de matrícula. No se trata de casos aislados: la Defensoría de la Niñez constató que estas medidas han ido en aumento en los últimos años, consolidándose como una práctica cada vez más frecuente en el sistema escolar.

El dato más preocupante, según el organismo, es lo que pasa después de la expulsión.

El informe muestra, por ejemplo, que un 12% de los estudiantes expulsados no logró reinsertarse en el sistema educativo en 2023. Esto equivale a 180 niños, niñas y adolescentes que quedaron fuera de la escuela.

Revisa la nota completa aquí