• A tres años del 18 de octubre de 2019, la institución realiza una actualización de las cifras, a partir de datos entregados por el Ministerio Público, las que revelan, nuevamente, un muy escaso avance en las causas penales iniciadas.
• El informe también realiza un seguimiento a las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez en esta materia, revisando las medidas en relación a la verdad, justicia y reparación estas vulneraciones anunciadas por el gobierno.

Martes 18 de octubre de 2022.- Con el objetivo de realizar un seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría de la Niñez ha realizado al Estado en relación a la situación que enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos, la institución pública hoy, a tres años de la crisis social, confecciona el “Informe de seguimiento: Verdad, justicia y reparación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal durante el estallido social”. Este documento aborda, en primer lugar, la caracterización de dichas vulneraciones y el avance de las investigaciones penales en las causas de niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en contexto de estallido social. Y, en segundo lugar, se presenta un análisis a la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, anunciada por S.E. el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric, que pretende determinar si las medidas de cada uno de sus componentes, verdad, justicia y reparación (y no repetición) satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos integrados en las recomendaciones que la institución ha formulado al Estado.

Si bien la institución ya había divulgado varios documentos y antecedentes respecto de esta temática, destacando el capítulo contenido en su Informe Anual 2020 y el Informe Verdad, Justicia y Reparación difundido en octubre de 2021, esta nueva publicación entrega novedades respecto de las cifras de caracterización de las víctimas de violencia institucional que corresponden al grupo de niños, niñas y adolescentes y el estado procesal de las causas.

En el contexto de la rendición de examen de Estado de Chile ante el Comité de los Derechos del Niño, en mayo de este año, el Ministerio Público señaló que la cifra nacional consolidada de casos de víctimas, menores de 18 años, de violaciones a sus derechos humanos en contexto de estallido social fue 2.178, número considerablemente mayor al que había sido entregado a la Defensoría de la Niñez en 2020, que alcanzaba a los 1.314 casos. Estos antecedentes, posteriormente, fueron corroborados con el Ministerio Público, confirmando los más de dos mil casos de violencia institucional, que en su mayoría corresponden a la comisión del delito de apremios ilegítimos (74%).

En relación al estado procesal de las causas, y como ya había sido alertado por una Nota Técnica del Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez (abril 2021), existe un muy escaso avance en la obtención de justicia: solo el 1% se encuentra terminada por una salida judicial, con apenas dos casos con sentencia definitiva condenatoria. Del total de causas, el 76% se encuentran terminadas (1.461), en su mayoría concluidas por vía no judicial, específicamente, por “archivo provisional”, llegando al 56% respecto al total de las causas. “Considerando la gravedad de los delitos que constituye la violencia cometida por agentes del Estado, resultan muy preocupante estas cifras, especialmente el 56% de causas cerradas por la aplicación del(la) fiscal de la facultad de archivo provisional. En nuestra opinión, la aplicación de formas facultativas de término de las investigaciones debe ser limitada y debidamente justificada en este tipo de delitos”, declara Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez.

En su informe, la institución vuelve a hacer un énfasis en los estándares internacionales de derechos humanos: “la reparación de las violaciones a los derechos humanos no es opcional para los Estados, sino que se trata de una norma consuetudinaria, que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados”, señalan. Destacan, asimismo, la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2020, que generó el informe “Situación de los derechos humanos en Chile”, y la rendición del Estado de Chile del examen periódico frente Comité de los Derechos el Niño. Este último organismo, en su devolución al Estado, manifiesta preocupación por el uso de la fuerza, violencia sexual, abuso, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de Carabineros de Chile en protestas desde el estallido social y “el grado y frecuencia de la violencia institucional y los escasos y muy lentos avances de las causas judiciales”.

En relación al seguimiento de recomendaciones, el informe analiza las medidas anunciadas por el gobierno en su Agenda Integral. Si bien la Defensoría de la Niñez reconoce y valora estos anuncios y acciones como un importante avance, pone el acento en la “la ausencia del enfoque de derechos humanos de niñez y adolescencia en la Agenda Integral y la Mesa de Reparación Integral”. “Dicha omisión es preocupante, porque niños, niñas y adolescentes son considerados un grupo de especial protección y, en este caso, un grupo que sufrió graves y sistemáticas vulneraciones de derechos en el contexto del estallido social en Chile”, enfatiza la Defensora de la Niñez.

Es por eso que el informe delinea los principales desafíos para la implementación de esta agenda, incorporando las recomendaciones previas de la Defensoría de la Niñez, especialmente en orden a reforzar y mejorar la coordinación entre la institucionalidad involucrada, particularmente entre el gobierno central y regional y los demás organismos involucrados en el proceso; mejorar la difusión de la información de la Agenda Integral y la Mesa de Reparación Integral, con especial foco en grupos prioritarios, tales como la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional; asegurar la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en las distintas instancias de la Agenda Integral y generar una respuesta estatal articulada e integral en relación a verdad, justicia y reparación (y no repetición) a violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el estallido social.

“Además de esos desafíos, también reiteramos como recomendación el establecimiento de una Comisión de Verdad, como mecanismo extrajudicial, complementario y no excluyente de los mecanismos judiciales, para el esclarecimiento total de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de crisis social, de forma adicional a las medidas de Verdad y Justicia de la Agenda Integral”, dice, para finalizar, Patricia Muñoz.

Para conocer este informe de la Defensoría de la Niñez, haz click aquí.

Créditos foto: La Terecera.com