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Ciudad de Panamá, 27 de octubre de 2026.– El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las barreras administrativas, la suspensión de solicitudes de reunificación familiar y la falta de coordinación entre organismos públicos están afectando el derecho de niños, niñas y adolescentes migrantes a vivir junto a sus familias. Ante esta situación, solicitó seguimiento internacional a las medidas que debe adoptar el Estado de Chile para garantizar su protección.
Durante la audiencia temática del 197° Período de Sesiones de la CIDH, solicitada por la propia Defensoría, Quesille presentó antecedentes que evidencian las dificultades que enfrentan especialmente las familias haitianas. Entre ellos, destacó que, al 2 de septiembre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones había reconocido la suspensión de más de 3.574 solicitudes de reunificación familiar de personas haitianas, debido a dificultades para verificar documentación y a problemas de gestión consular en Haití.
La Defensoría también dio cuenta de las prolongadas demoras en estos procedimientos. Según antecedentes de su Observatorio de Derechos, entre 2022 y 2024 los trámites de reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes demoraron en promedio 299 días, plazo que llegó a 330 días en el caso de la niñez haitiana. A ello se suma una disminución en la cantidad de permisos otorgados. De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migraciones, en 2024 se acogieron a trámite 11.940 solicitudes de residencia por reunificación familiar de niños, niñas y adolescentes desde el extranjero y se otorgaron 9.960 permisos.
En 2025, las solicitudes acogidas alcanzaron las 12.004, mientras que los permisos otorgados fueron 6.117. Estas diferencias no representan necesariamente rechazos, ya que también pueden comprender solicitudes pendientes o suspendidas. “Cuando hablamos de solicitudes de reunificación familiar suspendidas, no estamos hablando solo de trámites administrativos. Estamos hablando de niños y niñas que siguen esperando reencontrarse con sus familias. El tiempo que pasan separados de sus padres no se recupera. El Estado debe verificar los antecedentes y garantizar procesos seguros, pero no puede permitir que las dificultades administrativas terminen afectando el derecho de los niños a vivir junto a sus familias”, señaló el Defensor de la Niñez.
Durante su intervención, Quesille enfatizó que el derecho del Estado a controlar sus fronteras y regular la migración debe ejercerse respetando los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, advirtió que las irregularidades detectadas en determinados procesos no justifican adoptar medidas generales que afecten a todas las familias, sino que hacen necesario fortalecer los mecanismos de verificación, protección y evaluación individual de cada caso.
El Defensor también expuso las deficiencias de coordinación y seguimiento que persisten entre los organismos responsables del ingreso y protección de niños, niñas y adolescentes migrantes. Recordó que la Contraloría General de la República constató la ausencia de instrumentos formales que definieran responsabilidades y mecanismos de trazabilidad desde su ingreso al país hasta su seguimiento posterior. Asimismo, señaló que la Policía de Investigaciones informó en 2025 que no contaba con protocolos específicos para el ingreso seguro de niños, niñas y adolescentes con visas de reunificación familiar, utilizando procedimientos generales de control migratorio.
La presentación también abordó otras situaciones que evidencian las consecuencias de las decisiones administrativas sobre los derechos de la niñez, entre ellas el caso de dos niñas chilenas que, en agosto de 2026, no pudieron ingresar al país junto a su madre haitiana debido a una prohibición de ingreso que afectaba a esta última. Asimismo, alertó sobre el aumento de inscripciones bajo la categoría de “hijo de extranjero transeúnte”, que alcanzaron 97 casos entre abril y julio de este año, situación que plantea riesgos para el reconocimiento de la nacionalidad y la prevención de la apatridia.
“Hemos acudido a la Comisión Interamericana porque estas situaciones no pueden seguir resolviéndose de manera reactiva. Chile necesita una respuesta permanente, con instituciones coordinadas, responsabilidades claras y seguimiento efectivo de cada caso. Lo que estamos solicitando es que el Estado garantice el derecho de los niños y niñas migrantes a vivir en familia y que las medidas que adopte efectivamente los protejan. La protección de la niñez no puede depender de cómo se resuelva cada contingencia migratoria”, agregó Quesille. En su petición a la CIDH, la Defensoría solicitó que las Relatorías de Niñez y de Migrantes realicen seguimiento a esta situación. Asimismo, planteó que el Estado debe entregar información pública sobre las solicitudes de reunificación familiar, implementar protocolos especializados para el ingreso seguro de niños, niñas y adolescentes y establecer una instancia permanente de coordinación interinstitucional que permita verificar y hacer seguimiento de sus condiciones de protección.
La institución también llamó a promover un discurso público que evite la estigmatización de niños, niñas y adolescentes migrantes y sus familias, destacando que la identificación de eventuales irregularidades debe traducirse en mejores mecanismos de protección y no en restricciones generalizadas al ejercicio de sus derechos.
La audiencia fue solicitada por la Defensoría de la Niñez y contó con la adhesión de diversas organizaciones de la sociedad civil y clínicas jurídicas universitarias, cuyos antecedentes contribuyeron a sustentar la presentación ante el organismo internacional. Entre éstas la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Clínica Jurídica de UAH, Migrantes y Refugiados UDP, Servicio Jesuita Migrante, Humanas, Fundación CIJyS, Colectivo Sin Fronteras, Fasic, Fosbech. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), encargado de promover y proteger los derechos humanos en el continente. Entre sus funciones se encuentra supervisar la situación de derechos humanos en los países, recibir antecedentes sobre posibles vulneraciones y formular recomendaciones a los Estados. A través de sus audiencias temáticas, puede conocer situaciones que requieren especial atención y realizar seguimiento a las medidas adoptadas por las autoridades para garantizar estos derechos
