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Santiago, 30 de octubre de 2026.– La Defensoría de la Niñez presentó esta tarde un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a raíz de las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La acción judicial solicita declarar ilegales y arbitrarias los actos administrativos, dejando sin efecto los decretos impugnados, al considerar que amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas.
En concreto, la Defensoría pide que el tribunal ordene dejar sin efecto los decretos correspondientes a las causas individualizadas en el recurso y que el Ministerio adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto. Asimismo, solicita que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas que correspondan para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si procede.
La acción judicial cuestiona el cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia para conceder estos beneficios, pese a que la Ley N.º 19.856 (modificada por las leyes N.º 21.421 y N.º 21.522) establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. El recurso también advierte que el propio Ministerio había sostenido anteriormente una interpretación contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de similares características, criterio respaldado en distintas resoluciones de la Excma. Corte Suprema.
Uno de los principales fundamentos de la presentación es que las decisiones del Ministerio no habrían considerado ni ponderado el interés superior del niño, niñas y adolescentes víctimas ni evaluado adecuadamente los riesgos para su seguridad, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad. Según sostiene el recurso, esta omisión afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su libertad para desarrollar sus vidas en condiciones de seguridad.
Al respecto, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió que “No estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales. Por eso hemos acudido a la justicia, porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas. No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”.
La Defensoría sostiene que estas decisiones contravienen las obligaciones de protección de las víctimas establecidas en la Ley de Garantías de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas normas exigen considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, así como resguardar su seguridad, protección y recuperación frente a la violencia sexual.
El recurso también solicita que la Corte ordene al Ministerio de Justicia coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas, además de entregar los antecedentes requeridos por la Defensoría el 22 de octubre, cuya respuesta seguía pendiente al momento de presentar la acción judicial, pese a que el plazo venció el 29 de octubre.
Finalmente, la institución solicitó mantener en reserva los antecedentes que permitan identificar a las víctimas, para evitar su revictimización, en el marco de su mandato legal y autónomo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La presentación de esta acción judicial forma parte del mandato legal y autónomo de la Defensoría de la Niñez de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de observar la actuación de los órganos del Estado cuando sus decisiones puedan comprometer esos derechos.
