• La institución reunió a académicas y académicos de distintas universidades del país para examinar medidas con respaldo empírico en prevención, responsabilización y reinserción social de adolescentes. El encuentro culminó con una declaración conjunta que propone siete principios para orientar las decisiones públicas en esta materia. También solicitan que se cree y les convoquen a una mesa técnica en la materia.

Santiago, 7 de julio de 2026.- En la jornada en que la Sala del Senado aborda la discusión en general del proyecto de ley que modifica la Ley N.º 20.084, sobre responsabilidad penal adolescente, correspondiente al Boletín N.º 15.589-07, la Defensoría de la Niñez realizó este martes el encuentro “Por una justicia juvenil eficaz: prevención, responsabilización y reinserción social con base en evidencia”. La actividad tuvo por objetivo aportar antecedentes técnicos al debate legislativo y recoger recomendaciones para fortalecer las propuestas que la institución presentará ante el Congreso Nacional y otras autoridades competentes.

El encuentro fue encabezado por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad pública exige al Estado adoptar decisiones sustentadas en evidencia y orientadas a prevenir nuevos delitos. “La preocupación por la seguridad es legítima y compartida por toda la sociedad. Precisamente por eso, las decisiones que adopte el Estado deben basarse en aquello que ha demostrado ser eficaz. En justicia juvenil, la responsabilidad por los hechos cometidos, la prevención de nuevos delitos y la reinserción social no son objetivos contrapuestos: son dimensiones necesarias para una respuesta que contribuya efectivamente a la seguridad pública”, señaló el Defensor de la Niñez.

Durante la actividad se presentó un panorama actualizado sobre el comportamiento delictivo adolescente, las iniciativas legislativas en tramitación y los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia juvenil. Posteriormente, se desarrolló un espacio de discusión técnica con académicos y académicas en criminología, justicia juvenil, políticas públicas, derechos humanos y reinserción social.

Entre las personas participantes estuvieron Catalina Droppelmann, Ximena Gauché, Isaac Ravetllat, Francisca Werth,  Jaime Gajardo Falcón, Francisco Maldonado, junto a otros académicos y académicas de instituciones como la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad Diego Portales, Universidad Alberto Hurtado, Universidad de Concepción, Universidad de Valparaíso, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad Central, Universidad de Talca, Universidad del Alba y Universidad Academia de Humanismo Cristiano, entre otras.

Al finalizar el encuentro, las y los participantes acordaron suscribir una declaración conjunta que, en concordancia con los estándares de derechos humanos y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sostiene que un sistema de responsabilidad penal adolescente eficaz debe ser especializado, diferenciado y orientado simultáneamente a la prevención, la responsabilización y la reinserción social.

La declaración advierte que la evidencia disponible no respalda que las medidas centradas exclusivamente en el endurecimiento de las sanciones, la disuasión o la rebaja de la edad de responsabilidad penal reduzcan la reincidencia y que, en determinados casos, pueden incluso incrementarla. En contraste, relevan la importancia de intervenciones terapéuticas, socioeducativas y cognitivo-conductuales; de la continuidad educativa; y del fortalecimiento de las capacidades familiares y comunitarias.

Asimismo, las y los participantes solicitaron al Senado convocar una mesa técnica de trabajo que reúna evidencia especializada para enriquecer la discusión legislativa y contribuir a decisiones públicas eficaces, justas y sostenibles en el tiempo. Junto con ello, plantearon la necesidad de abordar nudos estructurales que afectan el funcionamiento del sistema, entre ellos la eficacia de las investigaciones penales, la elevada proporción de archivos provisionales, la necesidad de contar con salidas judiciales efectivas y los desafíos vigentes en la ejecución de medidas y sanciones.

La declaración también subraya que el Estado debe disponer de recursos financieros adecuados, suficientes y permanentes para fortalecer la protección integral y los programas multisistémicos de prevención y reinserción.

“Con esta convocatoria, como Defensoría de la Niñez reafirmamos nuestro compromiso de contribuir al debate público desde la evidencia, promoviendo políticas que permitan fortalecer la seguridad, mejorar la respuesta del sistema de justicia juvenil y garantizar el respeto irrestricto de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille.