• Hoy, Anuar Quesille expuso ante la Comisión de Constitución del Senado que aumentar la privación de libertad en adolescentes no ha demostrado ser una medida efectiva para prevenir la delincuencia y alertó sobre su alto costo fiscal y su impacto en reincidencia.

Valparaíso, 23 de abril de 2026. El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, advirtió ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que el proyecto de ley que busca fortalecer la respuesta sancionatoria en el sistema de responsabilidad penal adolescente no garantiza una reducción de los delitos y podría generar un fuerte aumento del gasto público.

Durante su presentación, Anuar Quesille expuso un análisis exploratorio sobre el costo adicional que implicarían estas medidas, estimado en más de $42 mil millones anuales. Este monto representaría un incremento significativo del presupuesto en la materia y, además, podría traducirse en un aumento de 321% en los ingresos a sanciones en centros privativos de libertad, pasando de 207 a 664 casos vigentes.

El Defensor subrayó que la evidencia disponible muestra que las sanciones de privación de libertad son precisamente las que registran mayores niveles de reincidencia a 24 meses. Por ello, afirmó que insistir en el aumento de penas para adolescentes en conflicto con la ley no solo carece de evidencia robusta de eficacia, sino que además desvía recursos que podrían destinarse a prevención y reinserción.

En esa línea, remarcó que, aunque los delitos de mayor connotación social han aumentado en la última década, a 2025 solo el 9% de esos casos corresponde a adolescentes. Por ello, llamó a no sobredimensionar su peso en el fenómeno delictual general ni a construir respuestas legislativas que descansen principalmente en el endurecimiento de penas dentro del sistema de justicia juvenil.

“Cuando el Estado discute cómo responder frente a delitos cometidos por adolescentes, no puede hacerlo solo desde una lógica punitiva. La evidencia muestra que aumentar penas no previene de manera significativa la ocurrencia de delitos y que la privación de libertad, además de tener un alto costo, puede agravar trayectorias de exclusión y reincidencia”, planteó Anuar Quesille.

Asimismo, advirtió que el proyecto en discusión no incorpora de manera suficiente el objetivo de reinserción social, que debe ser central en cualquier sistema de justicia penal adolescente, y que la privación de libertad en esta etapa puede provocar efectos especialmente dañinos, como la interrupción de trayectorias educativas, la ruptura de vínculos familiares, la estigmatización y el contagio criminógeno.

Junto con ello, el Defensor de la Niñez alertó que la propuesta podría tensionar principios consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile, entre ellos la especialidad del sistema penal adolescente, la privación de libertad como último recurso, el debido proceso y el interés superior del niño.

Finalmente, Quesille llamó al Senado a orientar la discusión hacia medidas basadas en evidencia, fortaleciendo la ejecución de sanciones, los programas especializados y la prevención temprana, en lugar de centrar la respuesta en un aumento de penas que no ha demostrado ser efectivo.