• El Defensor de la Niñez advirtió que la seguridad en las escuelas no puede reducirse a detectores, sanciones o medidas reactivas, y enfatizó en la implementación de la Ley de Convivencia Educativa desde un enfoque de derechos humanos.

Santiago, 22 de abril de 2026. La Defensoría de la Niñez realizó hoy, junto a Educación 2020, el webinar “Más allá del detector: Derechos de la niñez en el centro de la convivencia educativa”, instancia en la que se abordaron los desafíos de la convivencia escolar y la implementación de la Ley 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas.

Durante la apertura, el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que la respuesta frente a la violencia en contextos escolares no puede limitarse al control, la vigilancia o la sanción, sino que debe enfocarse en la prevención, la formación y el fortalecimiento de las comunidades educativas. “La convivencia no es un complemento del aprendizaje, es una condición para que el aprendizaje ocurra. Por eso, este desafío no se resuelve solo con más control, sino fortaleciendo el cuidado, el respeto mutuo y la responsabilidad compartida”, señaló.

En la actividad, El Defensor de la Niñez planteó que la nueva normativa representa un cambio relevante, porque permite avanzar desde una mirada centrada solo en la reacción ante conflictos hacia una comprensión más amplia de la convivencia escolar, basada en el bienestar, la empatía, el buen trato y la construcción activa de espacios seguros.

Asimismo, Anuar Quesille resaltó que, durante la discusión de la ley, niños, niñas y adolescentes plantearon que la convivencia debe abordarse de manera preventiva y sostenida, y no únicamente cuando ya existen situaciones de violencia. También advirtió sobre el impacto que pueden tener las redes sociales en los conflictos entre pares, especialmente por dinámicas de exposición, hostigamiento y falta de mediación.

Con este webinar, la Defensoría de la Niñez y Educación 2020 buscaron abrir un espacio de reflexión sobre la necesidad de construir comunidades educativas que no solo reaccionen frente a los conflictos, sino que promuevan activamente una cultura de respeto, cuidado y derechos para niños, niñas y adolescentes.

La actividad contó con las exposiciones de Pamela Meléndez, Directora de la Unidad de Estudios de la Defensoría de la Niñez, quien presentó el marco legal y normativo en materia de convivencia educativa; Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, quien abordó las políticas públicas con foco en seguridad; Ana Silva Flores, encargada de Educación de la Unidad de Promoción y Difusión de Derechos, quien profundizó en el enfoque de derechos en contextos educativos; y Antonia Polanco, estudiante de IV° medio de 17 años, quien aportó la perspectiva juvenil sobre la convivencia escolar. La instancia fue moderada por Francisca Koppmann, asesora de Estudios e Incidencia de Educación 2020.

En su intervención, Pamela Meléndez presentó antecedentes para dar contexto y entender el deterioro en el bienestar y la convivencia entre adolescentes. Expuso que ha aumentado la percepción de soledad, exclusión y aislamiento en jóvenes de entre 15 y 19 años, mientras que un 41% de estudiantes de segundo medio declara que no se siente valioso o “no es bueno para nada”. Asimismo, un 33% de estudiantes de 5° básico a IV medio cree que no podrá cumplir sus sueños, lo que evidencia una afectación en sus expectativas de futuro. En paralelo, advirtió sobre el incremento de situaciones de vulneración de derechos, con un aumento de 10% en ingresos al programa PSI 24 Horas entre 2022 y 2024. Estos datos, señaló, refuerzan la necesidad de abordar la convivencia educativa desde una perspectiva preventiva, integral y centrada en el bienestar.

Por su parte, Ingrid Olea, destacó que “no es un problema de gestión este que estamos hablando, es un problema de derechos. Todos los estudiantes tienen derecho a aprender en un entorno seguro. Entonces cuando le pedimos a una escuela que garantice ese derecho sin darle las condiciones para hacerlo, no estamos siendo exigentes con las escuelas, estamos fallándole a los estudiantes”.

Finalmente, Ana Silva se refirió a la relevancia de la participación en la convivencia escolar y en esta nueva normativa: “la participación de niños, niñas y adolescentes es un derecho. Y es un derecho que queda consagrado también en esta ley de convivencia educativa, señalando en uno de sus artículos que los sostenedores deben asegurar las condiciones”. Complementando este punto, Antonia Polanco señaló que la participación en este ámbito “debería ser transversal tanto dentro como fuera de las salas de clases (…) creo que tener los centros de estudiantes como el único espacio reconocido para la participación se nos está quedando muy corto”.